El presidente de Reyal y Urbis, Rafael Santamaría, afirmó que los promotores son ‘víctimas’ de la subida del precio del suelo y aseguró que éstos buscan la estabilidad de los precios. ‘Los promotores queremos que los precios suban a ritmos constantes, es decir, uno o dos puntos por encima de la inflación’, explicó.
Asimismo, Santamaría señaló que esta situación de estabilidad era muy importante en la toma de las decisiones que puedan afectar al consumo y añadió que este elemento es un eje ‘fundamental’ para el funcionamiento de la economía española.
Santamaría, que también es presidente de la Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), hizo estas declaraciones en un coloquio organizado por el Esade en el que también participaron el presidente de Inmobiliaria Colonial, Luis Portillo, y el presidente de Nozar, Luis Nozaneda.
En esta jornada se analizaron aspectos como la situación del sector inmobiliario español, así como las principales operaciones corporativas que han afectado al sector en los últimos años, la creación de ‘valor’ para el accionista y el papel que han jugado las entidades financieras en las expansión de estos negocios.
Cada uno de los ponentes explicó y repasó las líneas de actuación de sus compañías, así como sus planes estratégicos. Así, el presidente de Reyal destacó que la ampliación de capital para la compra de Urbis fue posible, gracias al bajo nivel de endeudamiento y la trayectoria de la compañía y anunció que en pocos meses, espera que la deuda derivada de la compra de la inmobiliaria se sitúe en los ‘niveles adecuados’.
Por su parte, el presidente de Inmocaral señaló la dureza y crueldad’ del mercado bursátil. ‘Es un mercado en el que hay que tomar decisiones en las que muchas veces, parece que tienes que mimar al accionista’, dijo.
Respecto a los proyectos de diversificación hacia otras áreas de negocio que están efectuando las compañías del sector inmobiliario, Santamaría aclaró que estas operaciones no se realizan por el que sector esté agotado. ‘Si no confiásemos en nuestro negocio, lo que haríamos sería venderlo’, apostilló.
En este sentido, Portillo aseguró que su compañía apuesta en primer lugar por la diversificación geográfica y a partir de ahí, por desarrollar otras sinergias en diferentes sectores.
Por último, ambos coincidieron en destacar los proyectos de expansión en otros países europeos como Francia y Alemania, aunque Portillo incidió en las dificultades que presenta algunos de estos países.
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El precio del metro cuadrado de suelo urbano, que supone entre el 40% y el 60% del coste final de las viviendas, se situó en los 652 euros al término del tercer trimestre del año 2006 en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, lo que supone una caída del 1,3% respecto a 2005, según datos del Ministerio de Vivienda.
Pese a este descenso, el precio del suelo en estas poblaciones se situó por encima del coste medio de toda España, situado en los 273,7 euros por metro cuadrado, tras un incremento del 3,7% respecto a 2005.
El suelo se devaluó de media en las mayores poblaciones de seis comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (-27,6%), Ceuta y Melilla (-15,4%), Castilla y León (-15,1%), Galicia (-12,4%), Cataluña (-8,7%) y Asturias (-5,6%). En el capítulo de subidas, destacaron Murcia (73,1%), Extremadura (35,8%) y País Vasco (18,5%).
Concretamente, el precio del suelo urbano descendió en 17 municipios de más de 50.000 habitantes, con destacadas caídas en el caso de Guadalajara (-51,6%), Lleida (-47,4%), Castellón (-41%), Huelva (-40,6%) o Salamanca (-34,4%).
No obstante, otros municipios contrarrestaron estos descensos con mayores subidas, como en el caso de Córdoba (114,7%), Cádiz (67,1%), Murcia (73,1%), Alicante (50,2%) o Granada (49,9%).
El precio del suelo en los municipios más poblados de España era en septiembre de 2006, casi siete veces superior al de aquellos de menos de 1.000 habitantes, donde se registró un precio medio del metro cuadrado de 85,6 euros.
No obstante, el coste del suelo en las grandes poblaciones duplicó al de aquellas situadas en el peldaño inmediatamente inferior en la escala poblacional, entre 10.000 y 50.000 habitantes, dónde cada metro cuadrado de suelo urbano tuvo un coste de 316,2 euros.
Las variaciones de precios no son tan acusadas si se tienen en cuenta los primeros tres peldaños de la escala, ya que para encontrar revalorizaciones del casi el 100% en el precio del suelo hay que pasar de las poblaciones de menos de 1.000 habitantes a aquellas de entre 5.000 y 10.000 habitantes.
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La nueva tipología de suelos que introduce el proyecto de Ley de de Suelo podría elevar el precio final de la vivienda, según los promotores de Baleares, quienes aseguran que esta posibilidad acarrearía en el archipiélago un descenso del actual ritmo de venta de inmuebles por la falta de mercado.
Así lo explicó la gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Antonia Fuster, quien aclaró que los promotores únicamente trabajan con suelo finalista, listo para construir, por lo que la Ley de Suelo planteada por el Gobierno y actualmente en tramitación parlamentaria no les afecta en ese sentido. Sin embargo, sí podría suponer un ‘problema’ para los urbanizadores.
Las empresas urbanizadoras son las encargadas de comprar el solar y transformarlo en urbanizable para los promotores. La Ley elaborada por el Ministerio de Vivienda establece una clasificación del suelo que lo reduce a rural o urbano, frente a la que contemplaba la ley aprobada por el Gobierno en 1998, en la que se fijaban tres clases de terreno: rural, urbano y urbanizable.
Con esta modificación, muchos urbanizadores podrían encontrarse con complicaciones para transformar el suelo y se verían obligados a mantenerlo más tiempo en cartera.
En consecuencia, el sobrecoste de la tramitación y la acumulación de terrenos lo cargarían al precio al que venden el suelo a los promotores y estos harían lo mismo con el importe final del inmueble. Según Fuster, ‘si eso ocurre, la gente dejará de comprar’.
‘Los precios ya están demasiado altos y no todas las capas sociales pueden permitírselos. Si suben más, descenderán las ventas porque los ciudadanos tienen cada vez más claro cuánto pueden pagar’, dijo.
Además, el urbanizador que haya adquirido suelo rústico en una zona no contemplada como de crecimiento en un plan urbanístico municipal no va a poder recalificarlo, añadió antes de asegurar que eso ‘supondrá un gran perjuicio para este sector’.
Según manifestó, la gestión del precio tasado es una posible solución para retener el importe creciente de los inmuebles. ‘Hay que buscar medidas de cesión de suelo para que se pueda construir Vivienda de Protección Oficial (VPO). En la Asociación de Promotores somos partidarios de que la Administración haga una gestión del precio del suelo para posibilitar la construcción de más vivienda protegida’, aseguró.
Fuster explicó también que este es uno de los puntos más positivos de la futura norma estatal, y destacó, en este sentido, la reserva del 25% del suelo para VPO previsto en el proyecto de ley.
Sin embargo, para Baleares este porcentaje será mayor porque la ley de suelo autonómica aún no está aprobada y la normativa actual fija dicho porcentaje en un 30 por ciento.
Fuster aclaró asimismo que la Ley de Suelo establecerá limitaciones a la especulación de precios del suelo con el objetivo de fomentar el acceso a la vivienda. Según indicó, el suelo urbano se tasará mediante comparación con otros terrenos colindantes de similares características y el suelo rural en función de la capitalización de renta agraria, es decir, valdrá lo mismo que los bienes que produce. ‘No se podrá vender un campo de olivos a precio de oro basándose en especulaciones’, señaló.
Las competencias de urbanismo y de ordenación del suelo son autonómicas, de modo que la ley nacional afectará parcialmente a Baleares, donde rigen los planes territoriales insulares (PTI), herramientas con las que se marca el crecimiento de cada municipio, las áreas por donde puede crecer y de qué manera han de realizarse las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada localidad.
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La ministra de Vivienda informa en Consejo de Ministros sobre la ejecución de las políticas de Vivienda y Suelo
Además informa del desarrollo del Proyecto Viva, el Concurso Internacional de Ideas para la construcción de 5.688 viviendas protegidas de vanguardia
La Ministra de Vivienda ha informado al Consejo de Ministros de las políticas de Vivienda y Suelo acometidas por su departamento y del desarrollo del Proyecto Viva, el Concurso Internacional de Ideas para la Construcción de 5.688 viviendas protegidas de vanguardia, cuyo fallo se hará público el próximo lunes.
Según ha señalado la titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, el Ministerio de Vivienda ha alcanzado ya un 53,5% del compromiso de 720.000 viviendas. Así, con el Plan de choque aprobado antes de llevar cien días en el Gobierno, y los programas gestionados del Plan de Vivienda 2005-2008, se han financiado ya más de 385.000 viviendas, tanto de nueva construcción como usada, en venta y en alquiler, rehabilitación o nuevos desarrollos urbanísticos, lo que supone recuperar el nivel de financiación de principios de los años 90.
Además, en los últimos doce meses se han iniciado más de 85.000 viviendas protegidas frente a las 45.000 que como media se iniciaban en el periodo 2000-2002, lo que significa que el parque de vivienda protegida iniciada se sitúa por encima del 15 % frente al 7 % del periodo anterior.
En cuanto al alquiler, en estos dos últimos años, han sido más de 130.000 viviendas las que se han incorporado al parque de viviendas en alquiler. De estas, más de 50.000 viviendas han recibido algún tipo de ayudas públicas o han sido intermediadas por la Sociedad Pública de Alquiler.
El Gobierno ha destinado a las políticas de vivienda más de 8.000 millones de euros frente a los 3.400 del gobierno anterior.
Proyecto Viva para la construcción de 5.688 viviendas protegidas de vanguardia
El próximo lunes 20 de noviembre, tras la apertura de plicas, el jurado hará público el fallo del Proyecto Viva, el Concurso Internacional de Ideas para la construcción de 5.688 viviendas protegidas, y dará a conocer el nombre de los estudios de arquitectura que llevarán a cabo las actuaciones residenciales. María Antonia Trujillo ha señalado que es la primera vez que en España se convoca un concurso de esta magnitud: siete desarrollos arquitectónicos residenciales en seis Comunidades Autónomas compuestos por un total de 66 solares, y 16 millones de euros en proyectos de ejecución para la construcción de 5.688 viviendas protegidas en suelo del Estado.
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El precio medio del suelo urbano en los municipios de más de 50.000 habitantes bajó un 1,4% en el primer trimestre del año con relación a igual periodo de 2005, según datos del ministerio de vivienda. Y este descenso alcanza niveles espectaculares en los principales municipios de la comunidad de Madrid: el 17,4%. El precio medio nacional se sitúa en 657,7 euros por metro cuadrado. El descenso llega al 2,8% si los datos se comparan con los del cuarto trimestre de 2005, cuando el precio medio de suelo urbano en dichos ayuntamientos ascendió a 677,1 euros. El precio del suelo es el principal componente del precio final de la vivienda. La situación de Madrid contrasta mucho con la de Cataluña. En Barcelona, el precio medio creció un 12,3% frente al primer trimestre de 2005, hasta 1.226,2 euros/m2.
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El Anteproyecto de Ley de Suelo aumenta el 'intervencionismo' y no atajará la especulación
La Asociación de Promotores y Constructores (APCE) considera que el Anteproyecto de Ley de Suelo recientemente aprobado aumenta el ‘intervencionismo’ en el sector y no contribuirá a atajar la retención especulativa del suelo ni a reducir su precio y, por consiguiente, el de la vivienda.
La patronal defendió en un comunicado que ‘sólo la liberación’ del mercado del suelo puede acabar con la escasez de terrenos urbanizados y contribuir a abaratar su precio y el de los pisos.
La APCE considera que a este fin también pueden contribuir otras medidas como la de agilizar los trámites burocráticos necesarios para la aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollos.
Por contra, los promotores, a partir de su experiencia, consideran que la nueva Ley del Suelo, actualmente en trámite parlamentario, ‘no es el camino que conduce al destino deseado’.
En concreto, la APCE asegura que la obligación de reservar el 25% de los suelos de un proyecto a vivienda protegida sólo contribuirá a encarecer las de régimen libre que se levanten en la promoción, y critica el aumento del porcentaje de las cesiones a los ayuntamientos, por considerar que estas administraciones no destinan esos suelos a usos públicos.
Según los promotores, los Ayuntamientos venden esos suelos en subasta pública ‘para destinarlos a financiar gastos de diversa naturaleza, incluso en algunos casos las fiestas del pueblo’.
La patronal también muestra su rechazo a cualquier ‘sistema artificial de valoración’ del suelo, al asegurar que ‘en una economía de mercado, las cosas valen lo que valen y el precio lo fija el mercado’.
Fuente: Urbanoticias.
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