La Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna, junto con otras asociaciones que reclaman un cambio en la política de vivienda en España, ha convocado nuevas concentraciones para este sábado 24 de febrero en decenas de ciudades españolas.
Al igual que en convocatorias precedentes, los manifestantes exigirán a la Administración Pública cambios legislativos que limiten la duración de las hipotecas, el fomento de medidas para el alquiler de viviendas, la intervención en el mercado privado o el aumento del alquiler en las políticas de Viviendas de Protección Oficial, que faciliten el acceso al mercado de la vivienda.
Según aseguraron los organizadores ‘las elecciones municipales están muy cerca y por eso, ahora más que nunca es necesario manifestarse’. ‘Frente a declaraciones electoralistas debe primar la auténtica voz de quienes están sufriendo el problema de la vivienda en España’, afirmó un portavoz de la Asamblea.
Según denuncia la Plataforma por una Vivienda Digna, otra de los grandes colectivos que respaldan este tipo de protestas, el precio de la vivienda en España se incrementó en más del 250% entre 1987 y 2005. En su página web, la organización constata además, que existen 3.091.596 inmuebles desocupados en todo el país, tal y como recogió el último Censo de Población y Viviendas en el año 2001.
En opinión de este colectivo, ‘residir en una vivienda digna es una necesidad básica, un derecho fundamental que tiene que ser reconocido para todos’ y, como tal, necesita de una legislación que lo desarrolle. La Plataforma pone como ejemplo el caso de Escocia que ‘lo aplica de manera progresiva desde 1987. En 2012 llegará a ser un verdadero derecho exigible’, concluyen.
Las manifestaciones tendrán lugar en la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza de Cataluña de Barcelona y en Plaza de Aragón de Zaragoza, además de en otros puntos céntricos de numerosas ciudades.
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IU-ICV ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se ‘reconozca y desarrolle’ el derecho ‘subjetivo’ y ‘universal’ a una vivienda digna, recogido en la Constitución española, tomando como ejemplo la propuesta del Gobierno francés para que este derecho pueda ser exigido por los ciudadanos ante los tribunales.
En un comunicado, la formación coordinada por Gaspar Llamazares señala que ‘los esfuerzos de los Hijos de Don Quijote’ --colectivo de los 'sin techo' que obligó forzó Gobierno francés a tomar esta iniciativa tras acampar en diversas ciudades galas-- ‘ha dado sus frutos’.
Con este referente, IU-ICV considera que la ‘escalada desorbitada’ de los precios de la vivienda en España, sumada a la especulación urbanística o a la proliferación de viviendas vacías, así como a una ‘elevada pobreza relativa’, ‘exige la necesidad de contemplar el derecho a una vivienda digna’.
En este sentido, demandó a los poderes públicos ‘políticas activas’ que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución española, y apuntó que los estatutos autonómicos de Cataluña y Andalucía son ‘dos buenos ejemplos en la pretensión de avanzar en el derecho a la vivienda digna y a su reclamación ante la Administración y la Justicia’.
En su opinión, el precepto constitucional ‘no puede considerarse como una mera declaración programática, sino como una verdadera directriz constitucional, y el derecho que sanciona no se agota, ni mucho menos, en facilitar el acceso a una vivienda en propiedad, sino que la protección alcanza también el uso y disfrute, con independencia del título jurídico que los fundamente’.
Según la propuesta presentada por IU-ICV, el calendario de aplicación del derecho habrá de priorizar, en consonancia con la propuesta francesa, la situaciones más graves, como la de los 'sin techo'.
En el caso francés, el proyecto de ley será aceptado previsiblemente por el Consejo de Ministros de mañana, para su posterior aprobación por el Parlamento antes del 22 de febrero. Sin embargo, de ser aprobado, tendrá dos fases de aplicación, una a partir de 2008, en beneficio de los 'sin techo', trabajadores con rentas más bajas o madre solteras, y otra, a partir de 2010, para el resto de familias que no cuenten con una vivienda digna.
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