Aifos Noticias. consecuencias de ley del suelo
La nueva tipología de suelos que introduce el proyecto de Ley de de Suelo podría elevar el precio final de la vivienda, según los promotores de Baleares, quienes aseguran que esta posibilidad acarrearía en el archipiélago un descenso del actual ritmo de venta de inmuebles por la falta de mercado.
Así lo explicó la gerente de
Las empresas urbanizadoras son las encargadas de comprar el solar y transformarlo en urbanizable para los promotores.
Con esta modificación, muchos urbanizadores podrían encontrarse con complicaciones para transformar el suelo y se verían obligados a mantenerlo más tiempo en cartera.
En consecuencia, el sobrecoste de la tramitación y la acumulación de terrenos lo cargarían al precio al que venden el suelo a los promotores y estos harían lo mismo con el importe final del inmueble. Según Fuster, ‘si eso ocurre, la gente dejará de comprar’.
‘Los precios ya están demasiado altos y no todas las capas sociales pueden permitírselos. Si suben más, descenderán las ventas porque los ciudadanos tienen cada vez más claro cuánto pueden pagar’, dijo.
Además, el urbanizador que haya adquirido suelo rústico en una zona no contemplada como de crecimiento en un plan urbanístico municipal no va a poder recalificarlo, añadió antes de asegurar que eso ‘supondrá un gran perjuicio para este sector’.
Según manifestó, la gestión del precio tasado es una posible solución para retener el importe creciente de los inmuebles. ‘Hay que buscar medidas de cesión de suelo para que se pueda construir Vivienda de Protección Oficial (VPO). En
Fuster explicó también que este es uno de los puntos más positivos de la futura norma estatal, y destacó, en este sentido, la reserva del 25% del suelo para VPO previsto en el proyecto de ley.
Sin embargo, para Baleares este porcentaje será mayor porque la ley de suelo autonómica aún no está aprobada y la normativa actual fija dicho porcentaje en un 30 por ciento.
Fuster aclaró asimismo que
Las competencias de urbanismo y de ordenación del suelo son autonómicas, de modo que la ley nacional afectará parcialmente a Baleares, donde rigen los planes territoriales insulares (PTI), herramientas con las que se marca el crecimiento de cada municipio, las áreas por donde puede crecer y de qué manera han de realizarse las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada localidad.
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